La crisis económica ha provocado un incremento de los gastos y una caída muy importante de la recaudación, con el consiguiente aumento de la deuda pública. Un endeudamiento que, en el caso de las Comunidades Autónomas, no es nuevo ya que, según los datos del Banco de España, no ha parado de crecer desde 1995, a pesar del compromiso de estabilidad presupuestaria adquirido en los últimos años. Esta situación, la tensión de los mercados financieros, y las presiones de las agencias de calificación, hacen ya urgente el saneamiento de las cuentas públicas, que facilite la adquisición de necesarios fondos para afrontar el déficit y para poder, prioritariamente, pagar a los proveedores.

Ante esta situación, las Comunidades Autónomas emiten deuda autonómica, los llamados "bonos patrióticos", como ya empezaron a hacer, en el último trimestre del pasado año, Cataluña y la Comunidad Valenciana, seguidas ya en este por Baleares, Castilla y León y ahora Andalucía. Ésta comunidad lanzó ayer una emisión que pretende captar 400 millones de euros, con una rentabilidad del 4,25% y abierta hasta el 30 de septiembre. Estas emisiones están principal -o integramente- destinadas a particulares, con alta remuneración, y 1.000 euros de mínima inversión y 2.000.000 de euros como máximo.

El elevado coste de un mercado con innecesarios intermediarios

El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, realizó una petición de ayuda al Banco de España recientemente, pidiéndole que ayude a las CC AA a "colocar deuda" igual que el BCE hizo con el propio BdE: "Somos vulnerables a la situación del mercado nacional e internacional, e igual que el Gobierno español pidió al Banco Central Europeo que le comprara deuda, nosotros, al Banco de España, le pedimos que ayude a las CCAA a colocar deuda".

El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, ha pedido ayuda al Banco de España para colocar deuda pública autonómica, que resulta poco rentable en el impráctico mercado de intermediarios.

Las entidades colocadoras y aseguradoras de la emisión perciben altas comisiones de intermediación a ambos participantes, de entre un 2 a un 3%, e incluso no descartan cobrar comisiones adicionales a los clientes, por lo que la colocación de la deuda es más lenta y de menor penetración de lo que podría ser. Esta forma inadecuada de intermediación, que combina un elevado coste para las finanzas públicas y una falta de transparencia para el usuario, es manifiestamente mejorable.

Ausbanc, ya el año pasado, vaticinó la necesidad de crear una Oficina de Deuda Pública emitida por las Comunidades Autónomas, que ponga en contacto directo a los emisores y compradores, sin intermediarios: "En las presentes circunstancias de tensión en los mercados financieros, Ausbanc considera necesario volver a plantear la urgencia de una intermediación más directa entre los emisores públicos de deuda y los ahorradores, que evite costes demasiado elevados a las finanzas públicas".

En este sentido, es necesario recordar la existencia de la posibilidad que tienen los particulares de adquirir Deuda del Tesoro directamente a través del Banco de España, posibilidad histórica que ya partió de una propuesta de Ausbanc en 1987, cuando las emisiones públicas ofrecían altas rentabilidades que no llegaban a los ahorradores por un mal funcionamiento de los mecanismos de intermediación. La adquisición de Deuda del Tesoro de forma directa en el Banco de España evita al Tesoro el desembolso de comisiones de colocación y aseguramiento, y a los ahorradores las comisiones de intermediación adicionales de sus entidades financieras. Sin embargo, la actuación del Banco de España a este respecto ha sido perjudicial, como viene siendo costumbre: los trámites necesarios par comprar deuda pública están pobremente explicados en el sitio web oficial del BdE, y el cierre de oficinas desde la crisis ha, sin duda, limitado las posibilidades de los ciudadanos de acceder a este mercado de deuda.