IZQUIERDA UNIDA PREGUNTA AL GOBIERNO SI ESTÁ INVESTIGANDO LA COMERCIALIZACIÓN DEFECTUOSA DE PERMUTAS FINANCIERAS POR PARTE DE LA BANCA
La coalición presenta ante la Mesa del Congreso una pregunta parlamentaria para conocer si el Gobierno es consciente del daño que están causando las permutas financieras a la economía de particulares y empresas.
Ausbanc lleva meses denunciando la falta de información ofrecida por las entidades financiera a sus clientes sobre lo que realmente han contratado.
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La comercialización masiva y defectuosa de permutas financieras o ‘swaps’ ha derivado en una tremenda y rápida proliferación de demandas y reclamaciones de los clientes contra las entidades financieras.
Según ha podido constatar AUSBANC, los muchos clientes suscribieron estos productos bajo la creencia de que se trataba de un seguro que evitaría las grandes subidas de los intereses de las hipotecas o créditos que tenían formalizados con la entidad financiera que se lo ofreció, o incluso con otras, confiando en que con ello se garantizaban poder hacer frente a su recibo periódico y no perder su casa. Esta creencia, sin embargo, dista mucho de la realidad, ya que al final los clientes están obligados a pagar a las entidades elevadísimas liquidaciones y cantidades inasumibles en caso de cancelación.
AUSBANC lleva meses trabajando incesantemente en la defensa de los afectados por este tipo de productos que han sido comercializados de manera tan negligente, y ha denunciado en todos los foros posibles estas prácticas y la alarmante situación que las mismas han provocado.
Idéntica preocupación ha sido trasladada a la Mesa del Congreso de los Diputados, por parte de Izquierda Unida, coalición que el pasado 19 de octubre dirigió una pregunta al Gobierno sobre si tiene conocimiento de la situación generada por la comercialización de las permutas financieras a decenas de miles de clientes, pymes y familias, su repercusión en las economías domésticas y empresariales, y qué medidas se han adoptado al respecto por parte del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Ministerio de Economía y el propio Gobierno.
El tenor de la pregunta formulada al Gobierno conforme previene el Reglamento de la Cámara es suficientemente expresivo:
“Un número importante de entidades financieras colocaron a sus clientes desde el año 2006 hasta el año 2009, sin facilitarles previamente la información necesaria, un producto financiero que se presentaba como un seguro que cubría el riesgo de la subida de los tipos de interés y que, en realidad, era un complejo derivado financiero vinculado a la evolución del Euribor, que a quien daba garantías reales era a la entidad financiera ante la posibilidad de que se produjera, como efectivamente se dio, una caída del Euribor.
El resultado es que hoy, decenas de miles de clientes, pymes y familias, deben de afrontar el coste de la penalización que supone el pago de unas liquidaciones mensuales o trimestrales que quintuplican lo que deberían asumir según las condiciones actuales del mercado, además de importantes costes de cancelación si quieren desvincularse del producto.
Por todo ello, se presentan las siguientes preguntas:
¿Tiene el Gobierno conocimiento de esta situación?
¿Es consciente el Gobierno del alcance de la repercusión de estos productos para la viabilidad de las PYMES y de sus correspondientes puestos de trabajo?
¿El Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores o el Ministerio de Hacienda han investigado esta situación? ¿Con qué resultado?
¿Piensa el Gobierno hacer algo al respecto?”
El contexto de la cuestión ha sido formulada de forma muy acertada conforme a una realidad cierta, y directamente constatada por AUSBANC, día a día y a través de sus oficinas en todo el territorio nacional.
La grave situación es sobradamente pública y conocida, y requiere medidas inmediatas y efectivas que, esperemos, se den a conocer a través de la respuesta a esta pregunta a la Mesa del Congreso de los Diputados.