IX Jornadas de Ausbanc Internacional. (Costa Rica)
Las personas tienen derecho a que la economía funcione bien

“Las personas tienen derecho a que la economía funcione con lealtad, a que haya una competencia fiel y que tanto el mercado financiero como el económico funcionen bien”. Ésa fue una de las principales conclusiones desprendidas de la intervención del ex presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica y presidente de la Asociación Autónoma de Centro América (UACA), Federico Malavasi Calvo, quien participó en la mesa redonda titulada “Costos sociales de los desequilibrios fiscales y normativos en los sistemas financieros”, en el marco de las IX Jornadas de Ausbanc Internacional en San José (Costa Rica). Mesa que estuvo moderada por el director regional central del Banco Popular del país centroamericano, Fernando Rojas Araya.
Malavasi se refirió al clientelismo político y cómo éste utiliza la pobreza para alcanzar aspiraciones de poder. “La pobreza es un negocio” dijo, tras cuestionar la forma en que los políticos abusan de su poder y de su posición para alcanzar sus propósitos, sin que con ello contribuyan a solucionar los grandes problemas que aquejan a una sociedad.
Federico Malavasi Calvo, quien fue también candidato presidencial en Costa Rica en 1998, criticó con fuerza el discurso vacío que manejan los políticos en la actualidad: “el costo social de los bonos (subsidios) es que acostumbran a un sistema que depende de eso, trasladando ese costo a los que no quieren aceptarlo, sin solucionar el problema”, precisó.
Por su parte, Eduardo Ramírez Castro, explicó que Costa Rica tiene un sistema bancario mixto, de participación pública y privada, con éxito, aunque reconoció que en los últimos años ha generado una distorsión que va acompañada a los intermediarios financieros dependiendo de su naturaleza jurídica: “las distorsiones son bastantes y no favorecen a nuestro sistema financiero”, dijo.
Según Ramírez Castro, la primera distorsión se refiere al régimen fiscal: “en Costa Rica, los intermediarios financieros están sujetos al impuesto de la renta, que es 30% de las utilidades. Y en el caso de los bancos comerciales del Estado, además, se tiene una serie de contribuciones obligatorias que deben asumir”.
El jurista manifestó que la función social de los bancos comerciales, según el artículo 3 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional señala que “los bancos comerciales, en general, deben evitar que haya en el país medios de producción inactivos buscando el productor para poner a su servicio los medios económicos y técnicos que dispone el sistema”.
Ramírez de Castro afirmó que lo que ocurre en Costa Rica, es que las utilidades son la principal fuente de capitalización de los bancos comerciales del Estado. Si el banco opera de forma eficiente debería dedicar toda esa riqueza a la producción nacional; de esa manera, los organismos financieros deberían tener el 10% de suficiencia patrimonial. Pero si tienen más, no están cumpliendo con su función social, porque son bancos que prestan una pequeña cantidad, mientras el resto lo destinan a inversiones, provocando que cuando se acercan al límite de suficiencia patrimonial, tiene que cortar el crédito y los sectores productivos se ven en problemas.
Malavasi Calvo argumentó contra este punto y manifestó que la función de intermediación financiera consiste en tomar los ahorros de la gente en cantidades muy distintas, bajo requerimientos diversos a disposición de otro público que necesita crédito.
“En eso consiste la función de intermediación. Asignarle fines como que debe ser para producción, que no debe ser para consumo, que no puede ser para vivienda, es empezar a distorsionar el funcionamiento de este sistema” explicó, tras señalar que es una función social, una función publica, porque son los ahorros del publico y esa debería ser la esencia.