AUSBANC
IX Jornadas de Ausbanc Internacional. (Costa Rica). Las acciones colectivas, principal herramienta La mesa redonda sobre “Procesos colectivos en materia de consumo de los servicios financieros”, en el marco de las IX Jornadas de Ausbanc Internacional, celebradas en San José (Costa Rica) contó con la participación de ponentes tan destacados como María Mateos Ferres, abogada y directora de los Servicios Jurídicos de Ausbanc; Adriana Labardini Inzunza, abogada, presidenta de Alconsumidor y fundadora del Centro de Investigación del Consumo y el Consumidor (CICC) de México; y Carla Reyes, abogada ejecutiva de la Comisión de Protección al Consumidor (INDECOPI) de Perú. María Mateos Ferres opinó que “las acciones colectivas deben ser la principal herramienta para la protección de los consumidores”. Según la directora de los Servicios Jurídicos de Ausbanc en España, la incorporación del procedimiento colectivo ha sido un paso positivo para aumentar el nivel de protección de los consumidores. Sin embargo, durante su ponencia señaló que, aunque las acciones colectivas nacen con la finalidad clara de protección de los derechos de los consumidores, “en la practica no se trata de un proceso sencillo, ni rápido, ni garantiza la mejor y la más efectiva defensa de los derechos de los consumidores”. Según la letrada, “en España, los consumidores no inician reclamaciones por pequeñas cuantías, dado que les cuesta más el proceso que la compensación económica que pueden obtener”. Mateos Ferres explicó que una de las principales razones por las cuales los procesos colectivos en el sistema español son más difíciles de abordar es porque no hay un cauce procesal especial para las acciones colectivas, sino que se tienen que adaptar a los procesos comunes con determinadas especialidades. La abogada concluyo su presentación manifestando que hay que seguir luchando para mejorar el sistema de acciones colectivas y dio palabras de aliento para los más de 150 participantes cerrando con el lema: “Estamos haciendo Derecho, estamos haciendo Historia.” Por su parte, la representante de México, Adriana Labardini Inzunza, abogada y presidenta de Alconsumidor, y fundadora del Centro de Investigación del Consumo y el Consumidor (CICC) habló sobre sus experiencias en el sistema judicial mexicano: “México es un país de 107 millones de consumidores en el cual tenemos una oportunidad inigualable para generar cambios a favor de ellos, pero hay una gran resistencia por parte del ‘status quo’”. La abogada señaló que en México hay un problema muy grave al acceso a la justicia individual y uno de los temas que preocupa a muchos profesionales en el ámbito legal es el arbitraje. “En México es prácticamente inexistente… en el 2007 hubo un solo proceso de arbitraje”, aseveró. En su opinión, nada desincentiva a las empresas porque saben que no van a ser demandados ni por contratos y prácticas abusivas, ni por publicidad engañosa. Labardini Inzunza manifestó que las acciones y procesos colectivos no sólo benefician a los que han visto vulnerados sus derechos y que individualmente no pueden acceder a la justicia, sino también al poder judicial, cuya actuación podría ser más eficiente y fluida, al no tener que dictar una sentencia por cada expediente abierto, con miles de demandas similares. La experta reconoció que si ha habido movimiento desde la sociedad civil para promover y generar cambios en la legislación. Según Labardini, funcionarios académicos, federales y estatales se han unido en la promoción de nuevas reformas en el proceso de acciones colectivas. La abogada finalizó su presentación destacando la importancia de la formación y sensibilización de servidores públicos sobre la economía desde el lado judicial y que se necesita un presupuesto para crear juzgados federales competentes en procesos colectivos. Carla Reyes, abogada ejecutiva de la Comisión de Protección al Consumidor Imdecopi, resaltó que en Perú, a diferencia de otras naciones, tienen un marco regulatorio “bastante completo”. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) fue creado mediante un Decreto Ley en noviembre del 1992, para promover en la economía peruana y para proteger todas las formas de propiedad intelectual: desde los signos distintivos y los derechos de autor hasta las patentes y la biotecnología. Durante su ponencia, la experta destacó que en junio del 2008 se implementó una ley complementaria del sistema de protección al consumidor que refuerza la regulación sobre créditos al consumidor, cláusulas abusivas, tasa de costo efectiva y tasa de rendimiento efectivo. Según Reyes, la cantidad de personas que acude al Indecopi para hacer respetar sus derechos se ha venido incrementando cada año. En 2002, las atenciones ofrecidas a través del Servicio de Atención al Ciudadano llegaron a 93.091. En 2008, la cifra se elevó a 248.066.
|
|
Departamento de Comunicación |
