La decisión se basa en una denuncia presentada en julio de 2007 por Ausbanc Consumo,
en relación con el caso Fórum-Afinsa.

LA AGPD INICIA UN PROCEDIMIENTO
CONTRA EL ICO POR FALTA GRAVE

 

El director de la Agencia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo Lombarte, acordó el pasado 15 de julio “iniciar procedimiento de declaración de infracción de Administraciones Públicas al Instituto de Crédito Oficial (ICO), por una presunta infracción del artículo 6.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal (LOPD), tipificada como grave en la mencionada Ley”.

Esta decisión ha sido adoptada como consecuencia de un escrito que Ausbanc Consumo presentó el 25 de julio de 2007, en el que se denunciaba la presunta infracción cometida por el ICO, al recibir los listados de todos los afectados de Fórum y Afinsa, que obraban en poder de las respectivas Administraciones Concursales en los procedimientos abiertos de ambas entidades filatélicas, intervenidas en mayo de 2006.

La actuación del Instituto de Crédito Oficial no se ajustó a los requisitos marcados por el artículo 6.1 de la LOPD ya que, en ningún momento recabó el consentimiento expreso de los afectados de Fórum y Afinsa para trabajar con sus datos y poner en marcha la línea de créditos aprobada por el Gobierno. La apelación a la rapidez de los trámites no puede, en ningún caso, justificar la vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por otra parte, el resto de los trámites se desarrolla de manera lenta y burocrática tanto en relación con los certificados exigidos a la Agencia Tributaria como en la implementación de los acuerdos con los bancos privados.

Esta importante resolución de la Agencia de Protección de Datos es un nuevo exponente de la constante actividad que Ausbanc Consumo ha desarrollado desde el 9 de mayo de 2006, fecha de la intervención de ambas filatélicas, en la defensa de los derechos e intereses de los 450.000 afectados, frente a la variada panoplia de graves incumplimientos por parte de la Administración Pública y la pasividad del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) y la mayoría de las asociaciones que la integran, pese a recibir cuantiosas subvenciones.

Ausbanc exigió desde el principio la Responsabilidad Patrimonial del Estado a través de la Audiencia Nacional, logró excluir a la Agencia Tributaria como Administrador Concursal y consiguió que el Tribunal Supremo declarara la ilegalidad de las subvenciones concedidas a las Asociaciones de Consumidores como ADICAE que en un principio justificaron la acción del Gobierno y tacharon de avariciosos a los 450.000 afectados.

La línea de créditos aprobada el 20 de abril de 2007 por el Gobierno fue, desde el principio, criticada por Ausbanc, ya que en absoluto beneficiaba a los afectados, que pensaban que se trataba de un plan de ayudas que, por tanto, no deberían devolver, y porque, infringiendo la normativa de datos de carácter personal, el ICO ponía en manos de las entidades financieras un caudal de información comercial muy relevante que algunas de éstas han aprovechado para generar nuevo negocio a partir del acercamiento de los afectados para solicitar los créditos. Han sido numerosas las denuncias por la exigencia de comisiones, la contratación de depósitos y seguros como condición previa para tramitar el crédito y otras malas prácticas que deberían sonrojar tanto al ICO como a las entidades financieras, que agrandan la humillación sufrida en mayo de 2006 por el injustificado cierre de las dos filatélicas y la estigmatización social de los clientes.