EL 10% DE LAS EMPRESAS ARAGONESAS, AFECTADAS POR LA COMERCIALIZACIÓN DE PERMUTAS FINANCIERAS O ‘CLIPS’
La Delegación de Ausbanc en Aragón ha recibido más de 500 consultas y reclamaciones por este motivo en los últimos meses.
Los Servicios Jurídicos de Ausbanc ya han obtenido sentencias favorables en segunda instancia, que declaran nulos los contratos por vicio en el consentimiento.
Las permutas financieras se están convirtiendo en la nueva amenaza para el tejido empresarial de Aragón. Se calcula que cerca de un 10% de empresas aragonesas ha contratado los denominados ‘swaps’ o permutas financieras, que han sido comercializados por las entidades con diferentes nombres entre los que hemos detectado ‘Clips’ de Bankinter, ‘Collar de Barreras’ comercializado por Caixa Catalunya, ‘Cuenta Segura’ por BBVA o ‘Maxiprotección’ por Caja Madrid. Este hecho, unido a la crisis económica, puede precipitar el cierre de numerosas empresas en la Comunidad, que ha resultado especialmente castigada por la comercialización irregular de estos productos entre las pequeñas y medianas empresas.
Sólo en los últimos dos meses, los transcurridos desde que la Delegación de Ausbanc en Aragón informó a los consumidores de las sentencias obtenidas por los Servicios Jurídicos de Ausbanc en las Audiencias Provinciales de Jaén y Álava, en esta Delegación se han recibido más de 500 consultas y reclamaciones por este motivo.
Estas 500 consultas y reclamaciones se han sustanciado en la apertura de más de 150 expedientes de reclamación, algunos de los cuales han derivado ya en la interposición de demandas judiciales, en las que se insta la nulidad del contrato o la indemnización por los perjuicios económicos producidos.
Estos productos se han venido vendiendo como productos de seguro y de cobertura de tipos, cuando en realidad se trata de productos de inversión de altísimo riesgo –derivados–, lo que ha dado lugar a importantes perjuicios económicos a numerosos inversores. Como ejemplo, el producto medio es una permuta financiera o ‘swap’ por importe de 500.000 euros, de la que se deriva un coste de cancelación de unos 30.000 euros, lo que representa una amenaza para la viabilidad de unas empresas cuya situación ya está bastante complicada por la crisis.
Por este motivo, AUSBANC ha decidido presentar una denuncia ante la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Aragón, a fin de que ejercite sus funciones de control y supervisión, y que, tras las correspondientes inspecciones, sancione a las entidades que han comercializado estos productos de manera irregular.
La Consejería tiene la obligación de actuar en consecuencia tanto en el marco normativo de sus funciones legislativas y de ejecución de seguros privados (conforme a la Ley Orgánica 8/1982), como en virtud a la Circular 8/1990 del Banco de España, que regula las competencias de la Consejería en el marco de la publicidad bancaria.
Igualmente, dichos contratos se han colocado a los propios administradores, o avalistas personales, al margen de la actividad empresarial, lo que ha provocado la interposición de la correspondiente denuncia ante la Dirección General de Consumo del Gobierno de Aragón, con copia a la Consejería de Salud y Consumo, a fin de que ejerciten las funciones de inspección y sanción conforme al Estatuto del Consumidor y Usuario del Gobierno de Aragón, y todo ello en virtud de lo establecido en el artículo 13 de dicho Estatuto.
La inmensa mayoría de estos productos han sido comercializados mediante engaño, en base a posibles fluctuaciones de los tipos de interés, obtención de un mejor tipo, mayor rentabilidad, libre disposición y otros sórdidos motivos, cuando en realidad de lo que se trataba era de obtener beneficios o de lucrarse a cualquier precio.
Numerosos bancos han comercializando a pymes y particulares estos productos, calificándolos de “seguros” y “sin riesgo”, bien para cubrir fluctuaciones de la divisa o posibles subidas del euríbor, cuando la realidad es que son productos de inversión de carácter especulativo y de altísimo riesgo. Por este motivo, muchas familias y empresas se encuentran atrapadas en unos contratos que, como era de prever –por la vertiginosa caída de los tipos interés– sólo les producen perjuicios, que vienen derivados por las liquidaciones que generan estos contratos. Unas liquidaciones que ascienden a cifras desmesuradas y que ni familias ni empresas pueden afrontar, lo que agrava la presente situación de crisis
De estos perjuicios, AUSBANC EMPRESAS responsabiliza directamente a las entidades, desde el momento en que éstas han incumplido el deber de informar a sus clientes respecto de los riesgos de los productos que ofrecen, lo que acarrea la obligación de las mismas de indemnizar a éstos.