Beteta firmó hoy seis convenios con otras tantas asociaciones de consumidores
La Comunidad amplía la protección a los consumidores en 50 municipios con su red de oficinas en zonas rurales
El Gobierno regional destina 309.600 euros a mantener 50 oficinas en Ayuntamientos
que carecen de este servicio.
Se cumple así el objetivo del Plan Integral para la Defensa del Consumidor 2004-2007
17.jun.09.- El consejero de Economía y Hacienda firmó hoy seis convenios de colaboración con otras tantas asociaciones de consumidores, por un importe de 309.600 euros para el ejercicio 2009, y que permitirán consolidar la atención al consumidor en 50 Ayuntamientos
de zonas rurales de la región.

Con estos convenios se establece un marco de cooperación y colaboración con las Asociaciones de Consumidores para la ejecución de actuaciones de información y formación de los consumidores, gestión de sistemas operativos de resolución amistosa de conflictos entre los consumidores y los empresarios (mediación) y fomento del Sistema Arbitral de Consumo.
Los convenios se han suscrito con la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de la Comunidad de Madrid “Ascensión Sedeño” (AACCU), la Confederación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de la Comunidad de Madrid (CECU-MADRID), la Federación de Consumidores Independientes de la Comunidad de Madrid (CICM-FUCI), la Unión de Consumidores de la Comunidad de Madrid (UCECOMUNIDAD DE MADRID), la Asociación para la Defensa de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de la Comunidad de Madrid (ADICAE-MADRID) y la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (AUSBANC-MADRID).
Cada una de estas asociaciones debe atender la oficina regional abierta en un número determinado de municipios de la Comunidad de Madrid, los cuales previamente han expresado su interés en recibir el servicio, de manera que la mayoría cuenta con una oficina regional de atención al consumidor abierta al público un día a la semana durante tres horas.
Beteta destacó que una de las claves de la sociedad de consumo en la que vivimos es la protección de los consumidores, que debe ser entendida como aquella tarea encomendada por el legislador a la Administración Pública para velar por el correcto funcionamiento del mercado.
“En aras de ese objetivo, desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, ponemos en marcha medidas que favorecen principalmente la defensa de los consumidores, pero sin olvidar el ejercicio de la actividad comercial en el marco de la libre competencia”, señaló el consejero.
Atención al consumidor en todos los municipios
Gracias a estos convenios de colaboración, aquellos municipios del ámbito
rural, con escasa capacidad e infraestructura para asumir competencias en materia de consumo, cuentan, con Oficinas de Información al Consumidor, para que sus habitantes tengan más fácil el acceso a la información sobre sus derechos y obligaciones.
Las oficinas se encargan de informar, ayudar, orientar y asesorar sobre los derechos y obligaciones de los consumidores, además de garantizar la recepción, registro y tramitación de las reclamaciones y denuncias en materia de consumo.
Estas nuevas 50 Oficinas “Regionales” de Información al Consumidor, sumadas a las 95 Oficinas “Municipales” existentes entre municipios y mancomunidades permiten al Gobierno de la Comunidad de Madrid el desarrollo de sus políticas de consumo en 135 municipios de los 179 de nuestra Comunidad Autónoma, garantizando un nivel homogéneo de protección al consumidor en toda la Región.
Si a esto le añadimos la visita que anualmente realiza en los meses de septiembre y octubre, el Autobús del Consumidor a otros 40 municipios aproximadamente, tenemos que hoy en día las políticas de consumo llegan casi al 100% de los municipios de nuestra Comunidad.
Se cumple el Plan Integral para la Protección al Consumidor
La Comunidad de Madrid elaboró en 2004 un Plan Integral para la Protección al Consumidor que recoge entre sus objetivos el fomento del “Proyecto Alcance” que perseguía, entre otros, potenciar la implicación de
las Entidades Locales en la Política de Consumo y acercar los Servicios de Consumo a todos los ciudadanos de la región.
Para gestionar estas Oficinas “Regionales” de Información al Consumidor, la Dirección General de Consumo consideró necesario implicar a las Asociaciones de Consumidores, reconocidas como colaboradoras e inscritas en el Registro de Asociaciones de Consumidores de la Comunidad de Madrid, dada la gran implantación social que éstas tienen en el medio rural y la acreditada experiencia profesional en labores de asesoramiento e información en materia de consumo.
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