UN MAGISTRADO  LE DICE A TELEFÓNICA QUE
 “SE LO PUEDE DECIR MÁS ALTO, PERO NO SABE DECIRLO MÁS CLARO”.

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Las diligencias preliminares que se siguen en el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Cáceres, por las consecuencias de las interrupciones de servicios de fijo, móvil y ADSL producidas el 19 de octubre, el 29 de noviembre y el 21 de diciembre de 2007, condujeron al auto de 11 de julio de 2008. En virtud de este auto, Telefónica de España tenía que enviar una carta al domicilio de todos sus abonados en Extremadura, informándoles de su posibilidad de adherirse a una demanda por daños y perjuicios que Ausbanc iba a interponer por los mencionados cortes.

En lugar de acatar dicho Auto Judicial, Telefónica de España ha desarrollado un desmesurado esfuerzo jurídico y económico para oponerse al  cumplimiento del mismo. La operadora ha realizado un ejercicio equivocado de su defensa y ha producido daños injustificados en el patrimonio económico de los accionistas de la empresa, poniendo a la entidad en una situación de alto riesgo reputacional, tal y como se deriva de las expresiones de enfado contenido que emplea el magistrado de este procedimiento.

Así pues, las deficiencias de los gestores de Telefónica alcanzan ya muy diversos órdenes. En primer lugar, los fallos en el servicio a los usuarios determinaron daños importantes a sus clientes. A continuación, la contumacia en el error y la prepotencia y arrogancia de los directivos de Telefónica ha provocado que sus accionistas tengan que pagar abultadas facturas a bufetes jurídicos por desarrollar un filibusterismo procesal extravagante e inadmisible.

Todos los usuarios de sus servicios de Telefonía le exigimos que empleen ese dinero en mejorar las redes que fallan tan a menudo, y en elevar la calidad de la atención a los clientes. Y finalmente, esta actitud irracional de Telefónica es una forma especialmente dolosa de perjudicar el funcionamiento de la Justicia española, al tardar ocho meses, con diversos escritos infundados, en atender las nítidas resoluciones judiciales sobre las acciones a desarrollar.

La situación ha llegado a tal punto que el magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Cáceres, Joaquín Gónzalez Casso, dictó un auto el pasado 24 de febrero en el que resuelve el enésimo recurso de Telefónica a las medidas acordadas por él mismo en virtud de un auto de 11 de julio de 2008. Auto que fue ratificado en otro auto, el 30 de octubre, y vuelto a confirmar en un auto de 16 de enero de 2009, en el que ya incluía una serie importante de medidas coercitivas para que Telefónica de España llevara a la práctica las medidas solicitadas por Ausbanc en su demanda contra Telefónica.

El contenido del auto de 24 de febrero es relevador de lo que piensa el juez del comportamiento de Telefónica: “Resolver el recurso interpuesto por Telefónica S. A. supone volver a decidir lo que con meridiana claridad debió quedar resuelto en el auto de 30 de octubre de 2008 (...). No es necesario que este Juzgado vuelva a repetir el fundamento de derecho tercero del auto de 30 de octubre de 2008. Se puede decir más alto, pero este Juzgado no sabe decirlo más claro”.

Además de consumir desproporcionados recursos de Telefónica y de los juzgados para tratar de impedir la ejecución de las decisiones adoptadas por el Juzgado, también es preciso recordar que Telefónica está mintiendo de manera reiterada al afirmar que “ya ha indemnizado a los afectados”.

Esta grave falta a la verdad no sólo ha sido utilizada en los propios Tribunales  por Telefónica de España, sino también por algunos medios de comunicación digitales especialmente próximos a la citada entidad. La difusión de estas mentiras en los Tribunales y en los medios de comunicación sitúa las responsabilidades más allá de lo estrictamente mercantil y pudiera revestir  elementos de naturaleza penal, que Ausbanc está estudiando detenidamente para actuar en consecuencia.

En todo caso, Ausbanc es consciente de que luchar por los derechos de los consumidores frente a ciertas grandes empresas es una tarea dura y que implica recibir duros ataques, no en los Tribunales, sino en ciertos medios de comunicación que se prestan a defender los intereses de los poderosos. Pero en un Estado de Derecho, al final, los jueces y Tribunales son los que resuelven y no los ejecutivos multimillonarios ni los periodistas cautivos.