Valladolid ha sufrido gravemente los efectos de la quiebra de Lehman Brothers, pues cientos de ahorradores e inversores confiaron su dinero a más de treinta de oficinas de diferentes entidades bancarias que operan en la provincia.

Los productos de alto riesgo colocados sin advertírselo a sus clientes por Citibank,  Bankinter, Deutsche Bank  y otras entidades, han producido en España perdidas patrimoniales que superan los 3.000 millones de euros

Ahorradores e inversionistas están desprotegidos. Las entidades de las que son clientes les remiten a los procedimientos concursales de Holanda y Estados Unidos, advirtiéndoles que toda la documentación se encuentra en holandés o inglés. Mientras, la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) les niega el amparo del Fondo de Garantía de Inversiones (Fogain)

Entidades como Deutsche Bank y Banco Sabadell están haciendo propuestas inaceptables a sus clientes,  invitándoles a vender sus contratos por el 11% de su valor, de forma que por una inversión de 100.000 euros se les pagaría sólo 11.000 euros

Ausbanc sostiene que en este caso es aplicable la legislación ordinaria en materia de consumo y ya está trabajando en el estudio y clasficación de documentos, paso previo a la preparación de las demandas y reclamaciones jurídicas que correspondan

Los afectados colapsan con sus reclamaciones a las entidades supervisoras, Banco de España y CNMV, encontrándose con la falta de respaldo de estas autoridades públicas, que les dirigen en busca de soluciones hacia las sociedades bancarias que gestionaron tan desastrosamente sus patrimonios. Lo que resulta inaceptable.

Los depositarios de los instrumentos financieros les prometían contratos ciento por ciento protegidos, como por ejemplo el contrato “Bono Semestre x 5” de Citibank, “principal 100% protegido”, y ahora no tienen nada. Les prometían “escaso” o “nulo riesgo” y el resultado ha sido de riesgo absoluto, pérdidas totales.

Las inversiones realizadas en instrumentos financieros emitidos o garantizados por Lehman Brothers o sociedades de su grupo no están cubiertas por el Fondo de Garantía de Inversiones (Fogain), según la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El Fogain debe proteger al inversor frente a las posibles insolvencias de los intermediarios, "pero no alcanza a las pérdidas de valor de la propia inversión o a cualquier riesgo de crédito inherente a los valores". Con esta respuesta de la CNMV se encuentran ahora los miles de ciudadanos españoles afectados por el hundimiento del holding estadounidense, al que llegaron a través de entidades financieras nacionales como Citibank, Bankinter, Axa y otras. Pero ni las entidades que comercializaron estos productos, ni la CNMV, ni el Banco de España advirtieron de esta no sujeción al Fogain.
En total, las inversiones españolas que gestionaron estas entidades hacia las actividades especulativas de Lehman Brothers se elevan a unos 3.000 millones de euros, entre fondos y sociedades de inversión. Por su parte, cientos de ahorradores e inversionistas vallisoletanos depositaron su confianza a través de alguna de las 6 oficinas de Bankinter en Valladolid, una de ellas en Laguna de Duero; mientras que en el caso de los clientes que gestionaron sus actividades financieras a través de Citibank lo hicieron trasladándose a alguna de sus 5 oficinas de la Comunidad de Castilla León, de las que 1 está en Valladolid. Por lo que se refiere a Deustche Bank, cuenta con 13 oficinas en Valladolid capital, además de igual número que operan en Tordesillas,  Simancas, Laguna de Duero, Cisternita, Arroyo, Peñafiel, Tudela del Duero, Medina del Campo, Olmedo, Iscar, Nava del Rey, Villalón de Campos, Mayorga y Medina de Rioseco.
Los clientes afectados aseguran que las entidades bancarias en las que confiaron invirtieron sus ahorros sin informarles de que eran “emisiones de riesgo”. Tal es el caso de una cliente de Citibank que muestra claramente cómo en su contrato denominado “Bono semestre x 5 (cuya copia adjuntamos), que suscribió a través de esa entidad perteneciente al holding estadounidense Citigroup, se indica que es un “bono autocancelable semestral a 5 años con principal 100% protegido al vencimiento referenciado a los índices DJ Eurostoxx 50 y Nikkei 225”, emitidos por Lehman Brothers Treasury Co B.V. y garantizados por Lehman Brothers Holdings Inc. Rated A1/A+.

Al final de las “Características Básicas de la Emisión” de dicho contrato de “Bono autocancelable semestral”, se indica “Perfil Riesgo Producto”: P2 Sensible al riesgo, en cuyos párrafos se indica al cliente que éste está dispuesto a “aceptar un pequeño riesgo a corto plazo”. “Pequeño riesgo” que ha hundido totalmente las expectativas económicas de la cliente española, al que ahora Citibank pretende eludir todo tipo de responsabilidades en nuestro país.

Ante estos hechos, Citibank  ya ha manifestado que, en el caso de España, no va a atender las demandas de sus clientes y les va a remitir a los concursos de acreedores que se abrirán en Estados Unidos y Holanda.

La  decisión de Citibank es totalmente inaceptable, y deja en el desamparo más absoluto a miles de clientes que confiaron sus ahorros a los ejecutivos de un Banco que ganó mucho dinero con ellos. Ahora, esos mismos ejecutivos, ese mismo Banco se desentiende de los problemas que les han causado.

Citibank y otros bancos han actuado de forma diametralmente opuesta en EE.UU. instados por el fiscal Cuomo de Nueva York, aceptaron recomprar dichos contratos a sus clientes por decenas de miles de millones de dólares. Entienden España como un mercado subdesarrollado, de escasa eficacia supervisora y menos aún judicial, por lo que estiman más rentable negarlo todo y defenderse en los tribunales perjudicando al país entero.

Ausbanc, fiel a su línea de lucha por la defensa de los usuarios de los servicios bancarios y financieros españoles, o de residentes en España, ha recibido ya cientos de llamadas de perjudicados, incluida una plataforma de Madrid con 400 afectados. Está iniciando el estudio, la averiguación, análisis y ordenación de documentación previos a la preparación de las demandas y reclamaciones jurídicas que correspondan en defensa de los derechos e intereses de sus asociados.